(Gustavo Petro)
Se
equivocan quienes creían que la suerte del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro
Urrego, pendía únicamente del procurador Alejandro Ordóñez o de la revocatoria
de su mandato que está andando en la Registraduría. El Consejo de Estado está
ad portas de fallar una demanda interpuesta por el concejal Orlando Parada
—procesado por su presunta participación en el carrusel de la contratación— que
obligaría al mandatario a salir sí o sí del Palacio Liévano. La condena que
recibió en 1985 por porte ilegal de armas es la piedra angular de la
controversia.
El 7 de octubre de 2011 Parada interpuso una acción de
pérdida de investidura contra el alcalde bajo el argumento de que ningún
ciudadano podía ser elegido para cargos de elección popular si tenía una
condena a cuestas, excepto por delitos políticos. Ahí está el centro del debate
en el Consejo de Estado que, aparentemente, tiene divididas sus fuerzas para
resolver un expediente tan complejo. Parada insistió en su demanda que la
condena a Petro fue por un delito común —porte ilegal de armas—, mientras que
los defensores del alcalde aseguran que tuvo relación con su pertenencia a la
guerrilla del M-19 y que, por ello, se trataba de un delito político.
La particularidad de este caso reside en que el
proceso por el que Petro resultó condenado a 18 meses de prisión desapareció
del mapa. Tan sólo se adjuntó una minuta del Juzgado 106 de Instrucción Penal
Militar en el que constaba que el hoy alcalde había sido sentenciado. A pesar
de que las autoridades solicitaron el original de esa condena y elevaron
peticiones a cuanta entidad podía conocer del fallo, no ha sido posible recuperarlo.
Sin embargo, hace pocos días esculcando entre sus archivos, el entonces abogado
de Gustavo Petro, Rafael Barrios, halló parte de ese expediente que resulta
fundamental para entender el contexto de la detención y condena del mandatario
capitalino.
El Espectador tuvo acceso a esos archivos perdidos que
en los próximos días serán remitidos al Consejo de Estado. En concreto, se
trata de un informe de tres páginas de las Fuerzas Militares en el que se
reseñó la captura de Petro y dos personas más en Zipaquirá (Cundinamarca) el 24
de octubre de 1985 y de las declaraciones juramentadas de los oficiales del
Ejército que desarrollaron la operación. En los documentos se afirma que los
integrantes del M-19 fueron detenidos portando armas, cartuchos, seis bombas de
fabricación casera, propaganda subversiva de la organización, documentos “de
interés para la inteligencia militar”, cinco brazaletes y una bandera de ese
grupo armado.
Según se lee, ese 24 de octubre se realizaron
operaciones simultáneas de allanamientos en Cajicá y Zipaquirá, ya que había
información sobre almacenamiento de armas en esos dos municipios. A la 1 de la
tarde los uniformados llegaron a la casa de Ana Sofía Murcia y encontraron en
su patio un túnel o caleta en donde se escondían Gustavo Petro, en ese entonces
concejal de Zipaquirá, Luis Alberto López y Héctor Alirio Borbón. Los tres
tenían revólveres largos con más de 50 cartuchos cada uno y el material
explosivo hallado en ese lugar. El decomiso tuvo lugar en el barrio Bolívar 83,
que era un fortín del M-19.
El operativo estuvo comandado por el entonces capitán
Carlos Arturo Suárez Bustamante, el mismo que como general fue responsable de
la investigación sobre el escándalo de los falsos positivos en la
administración de Álvaro Uribe, que cobró las cabezas de 27 oficiales del
Ejército el 30 de octubre de 2008. Cuatro días después de la captura de Gustavo
Petro y las otras dos personas, Suárez le contó al Juzgado 106 de Instrucción
Penal Militar los pormenores del allanamiento. Contó que además de las armas y
la munición se halló material alusivo al M-19. Una versión que corroboraron sus
hombres.
Por ejemplo, el mayor Francisco Ruiz, quien
sostuvo que las bombas de fabricación casera que se les hallaron estaban hechas
de PVC, eran de color gris y con mecha lenta, y que había papeles y una bandera
de la organización. El capitán Alfonso Hurtado también declaró que en la casa
en donde fueron capturados los miembros del M-19 funcionaba una tienda, que
encontró el hueco en donde se escondían y les ordenó que salieran tirando las
armas al suelo y que a Petro lo conocía de antes porque “lo tuve retenido
cuando era comandante de la base en Zipaquirá”. Explicó Hurtado que la caleta
tenía unos tres metros de largo por uno de ancho y que estaba tapada con latas
y palos.
El cabo Olfer Gualteros y los soldados Carlos Ovidio
Ferro y José Soacha confirmaron los detalles del operativo y, sobre todo, de la
propaganda subversiva encontrada. El Espectador también tuvo acceso a las
declaraciones de quienes fueron detenidos con el hoy alcalde de Bogotá. Luis
Alberto López declaró el 26 de octubre de 1985 que cuando caminaba por el
barrio Bolívar 83 se percató del movimiento de los militares y entró a la casa
porque vio a Gustavo Petro ahí mientras hacía un hueco. “Ellos se estaban defendiendo”,
narró. Según dijo, cuando entró a la caleta se dio cuenta de las armas.
Reconoció que algunas de esas armas se usaban para prestar vigilancia y las
entregaba Héctor Alirio Borbón, el otro detenido.
Justamente Borbón declaró que “sus compañeros” eran
Petro y López, que era simpatizante del M-19 y oficiaba como coordinador de las
brigadas de trabajo en el barrio Bolívar 83, una especie de ejercicio para
vigilar la zona, “ayudar al alcantarillado y a solucionar problemas de
familia”. Además añadió que se repartían armas porque “Gustavo Petro en el
momento de la vigilancia me las entrega para que reparta a cada compañero o
socio de Bolívar 83, ya que la comunidad presta vigilancia”. Ese fue el
contexto de las revelaciones entregadas por militares e implicados durante la
operación realizada por las compañías D’ Luyer y Girardot de las FF.MM.
Consultado por El Espectador, Rafael Barrios manifestó
que estos elementos del expediente de Gustavo Petro constituyen “suficiente
prueba documental para establecer que fue condenado por porte ilegal de armas
con relación a su actividad subversiva”. En la otra orilla Orlando Parada ha
dicho que Petro fue sentenciado por un delito común, cumplió una pena de 16
meses en la cárcel Modelo de Bogotá y en febrero de 1987 recuperó su libertad.
Y que con este antecedente no podía haber sido elegido senador y mucho menos
alcalde de Bogotá. Incluso, Parada ha sostenido que el indulto del cual fue
beneficiario tiene relación con el holocausto del Palacio de Justicia y no con
su condena por armas.
La nuez de la discusión que se apresta a fallar
el Consejo de Estado es si esa sentencia de Petro tiene conexión con su
militancia con el M-19. Los abogados del alcalde están convencidos de que dicha
tesis no necesita demostración, aunque no niegan que estos archivos del
expediente Petro terminan por confirmar lo que para ellos es una obviedad.
Parada confía en que antes de que se le imputen varios delitos, el próximo 26
de septiembre por el carrusel de la contratación, su mayor enemigo político
haya sido descabezado por la justicia. Hoy parece haber una mayoría que se
inclina por la demanda de Parada. ¿Tendrán algún efecto en el fallo estos
documentos que hoy revela El Espectador?
El acto de contrición promovido por Petro
En medio de este debate, el próximo lunes la basílica
del Voto Nacional, en el centro de Bogotá, será el escenario de un “Acto
Ecuménico por la Paz de Colombia”. El evento es promovido por el alcalde
Gustavo Petro, quien protagonizará un acto, por lo menos, diciente.
El mandatario, frente al presidente de la República,
Juan Manuel Santos; el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, y
otras autoridades civiles, militares y religiosas, hará un acto de contrición
en homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia de Bogotá,
ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985. “No es un acto de perdón como tal, es
más un aporte del alcalde a la reconciliación”, dijo uno de los organizadores
del evento.
Si bien en la Alcaldía no quieren que el acto sea
entendido como un nuevo perdón del M-19 por las atrocidades ocurridas en la
toma y retoma del Palacio, sí saben que “políticamente es muy importante que
esa liturgia que ofrecerá el alcalde sea en presencia de autoridades como el
procurador Ordóñez. Es un mensaje de unidad frente a la paz que queremos que
venga desde la capital”.
(Texto Tomado del diario El Espectador)
(Texto Tomado del diario El Espectador)
