¿Por qué #ApoyoAlProcurador?
Gustavo Petro ha cometido errores muy graves. No solo administrativos y gerenciales. Ha querido imponer la creencia de que por ser desmovilizado y haber suscrito acuerdos de paz, estaba legitimado para hacer lo que quisiera. Olvidó que la Constitución concede a los ciudadanos la libertad de hacer todo lo que no esté prohibido, pero que a los funcionarios los restringe a hacer lo que esté permitido en la ley: la diferencia es sustancial.
Petro ha edificado una estrategia de presentarse como víctima de un sistema excluyente y de un Procurador sectario. Pero no. Petro no es víctima. La Constitución y la ley también rigen para él. Como regirá para los que negocian la paz ahora, y que quieren incorporarse al sistema democrático y sus reglas de juego.
La sanción contra Petro ni es un golpe de Estado, ni es una bomba contra la paz. Quienes hagan la paz deben saber que se incoporarán a un sistema constitucional, donde se gobierna con normas y no con caprichos ni desafueros.
El lamento que hoy cabe es por Bogotá: su ingobernabilidad, su inestabilidad, la mala suerte con sus elegidos. Ojalá no se abra un período de anarquía administrativa o de ansias de venganza.
Es claro que las competencias del Procurador se derivan, en primer lugar, de los artículos 277 y 278 de la Constitución. Artículos que están vigentes, sin modificaciones, desde que el constituyente de 1991 (con protagonismo en primera línea del M-19) lo redactó así para buscar una garantía de transparencia en el ejercicio del poder público.
¿A cuento de qué, entonces, están diciendo ahora que el Procurador no puede destituir a personas que han sido elegidas por voto popular?
Quienes sostienen esa falacia no solo omiten deliberadamente la norma constitucional, sino que, al final, cometen un error garrafal para la lucha contra la corrupción: pretenden que el voto popular legitima a priori cualquier desafuero o ilegalidad del elegido.
Hay causas objetivas, que se patentizaron ante los ojos de toda la opinión nacional, para concluir que el alcalde de Bogotá tomó medidas arbitrarias en el tema de recolección de basuras. Como alcalde, tenía el poder de renegociar las tarifas con los operadores privados, pero prefirió adoptar un estilo, ese sí autoritario, para resolver lo que no le gustaba.
Todos vimos las imágenes de camiones viejos e inservibles traídos a las carreras desde Estados Unidos con los que el alcalde intentó tapar sus improvisaciones. La indignación fue general. Pero la amnesia de muchos es patética.
