Por Luis Martínez Villanueva
No es la primera vez que lamentamos cinco cosas de buena parte de la justicia colombiana: que se haya convertido en justicia espectáculo; que muchos de quienes la imparten hayan renunciado a la majestad que supone ser juez; que no sea proba, es decir justa, su esencia; que les tenga miedo al poder de ciertos medios de comunicación y periodistas y actúe por sus presiones; y que cada vez encontremos más muestras de que está contagiada de la peor de las politiquerías.
¡Quién sabe a qué intereses responderá tal tipo de justicia! Pero de lo que sí tenemos la certeza es de que no son nobles ni le convienen al país. Es más: creemos que si toda la justicia se corrompe, tendremos que retomar la frase de Jesús de Nazaret, "Si la sal se corrompe, ¿quién le devolverá el sabor?" ¿Será parte de la combinación de todas las formas de lucha?
Vamos a hablar de cuatro funcionarios del Ministerio de Agricultura, hoy en la cárcel, que fueron parte del gobierno de Álvaro Uribe. Ellos participaron en el programa Agro Ingreso Seguro, AIS: El exViceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar; Tulia Méndez, Camila Reyes del Toro y Óscar Schroeder. Son tantas las que consideramos injusticias que necesitaremos más de un editorial para referirnos a ellas.
Para empezar, coincidimos con su abogado defensor, el doctor Jorge Aníbal Gómez, en que a los cuatro funcionarios no se les puede imputar el cargo de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales; y al doctor Salazar, además, el de interés indebido en la celebración de los mismos. Las leyes 29 de 1991 y 1150 de 2007 dicen que los convenios de cooperación científica y tecnológica o desarrollo para el mismo fin, deben hacerse por contratación directa.
En este caso la cooperación fue para riego y drenaje, como lo reconoce la firma Econometría , que es la que usa el Departamento Nacional de Planeación, DNP, para la evaluación de políticas públicas. Esta firma, en su informe final sobre AIS de febrero de este año escribió que AIS tuvo impacto positivo en innovaciones tecnológicas, como material genético o insumos especiales o mejorados, y sobre los hogares beneficiarios del riego, especialmente para los medianos, pero también existente para los pequeños. Y un incremento en la evolución positiva en la participación de los pequeños productores. Los beneficiarios del programa de riego son 33 mil y el total de personas que tuvieron acceso a alguna de las modalidades de AIS suma 316 mil.
Para terminar, por hoy, ¿cómo considerar que estos cuatro funcionarios tienen que estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad? ¡Por Dios! ¿Acaso no se han presentado y acatado las normas? Y mientras tanto, criminales de verdad, en la calle. Razón tiene Juan David Ortega, otro funcionario del Ministerio de Agricultura, que se presentará voluntariamente, quien, para tener garantías sobre la presunción de inocencia y el debido proceso ha solicitado que lo acompañen la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una delegación de la Unión Europea.
¡Quién sabe a qué intereses responderá tal tipo de justicia! Pero de lo que sí tenemos la certeza es de que no son nobles ni le convienen al país. Es más: creemos que si toda la justicia se corrompe, tendremos que retomar la frase de Jesús de Nazaret, "Si la sal se corrompe, ¿quién le devolverá el sabor?" ¿Será parte de la combinación de todas las formas de lucha?
Vamos a hablar de cuatro funcionarios del Ministerio de Agricultura, hoy en la cárcel, que fueron parte del gobierno de Álvaro Uribe. Ellos participaron en el programa Agro Ingreso Seguro, AIS: El exViceministro de Agricultura, Juan Camilo Salazar; Tulia Méndez, Camila Reyes del Toro y Óscar Schroeder. Son tantas las que consideramos injusticias que necesitaremos más de un editorial para referirnos a ellas.
Para empezar, coincidimos con su abogado defensor, el doctor Jorge Aníbal Gómez, en que a los cuatro funcionarios no se les puede imputar el cargo de celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales; y al doctor Salazar, además, el de interés indebido en la celebración de los mismos. Las leyes 29 de 1991 y 1150 de 2007 dicen que los convenios de cooperación científica y tecnológica o desarrollo para el mismo fin, deben hacerse por contratación directa.
En este caso la cooperación fue para riego y drenaje, como lo reconoce la firma Econometría , que es la que usa el Departamento Nacional de Planeación, DNP, para la evaluación de políticas públicas. Esta firma, en su informe final sobre AIS de febrero de este año escribió que AIS tuvo impacto positivo en innovaciones tecnológicas, como material genético o insumos especiales o mejorados, y sobre los hogares beneficiarios del riego, especialmente para los medianos, pero también existente para los pequeños. Y un incremento en la evolución positiva en la participación de los pequeños productores. Los beneficiarios del programa de riego son 33 mil y el total de personas que tuvieron acceso a alguna de las modalidades de AIS suma 316 mil.
Para terminar, por hoy, ¿cómo considerar que estos cuatro funcionarios tienen que estar en la cárcel porque son un peligro para la sociedad? ¡Por Dios! ¿Acaso no se han presentado y acatado las normas? Y mientras tanto, criminales de verdad, en la calle. Razón tiene Juan David Ortega, otro funcionario del Ministerio de Agricultura, que se presentará voluntariamente, quien, para tener garantías sobre la presunción de inocencia y el debido proceso ha solicitado que lo acompañen la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y una delegación de la Unión Europea.
Es evidente que los jueces y los fiscales en Colombia trabajan para ciertos sectores 'amiguis' de los que sabemos. ¿dónde está el cuestionamiento de las actuaciones de P. Córdoba por lo que sabemos? Se armó tremenda alharaca porque 'la escucharon ilegalmente'; y se desestimaron las pruebas del computador de Reyes que la involucraban. ¿Justicia en Colombia?.....
ResponderEliminar